Published On: Vie, Oct 10th, 2014

O juez o político

martinA estas alturas, es evidente que la candidatura fallida de Diego García Sayán ha debilitado la posición internacional del gobierno peruano y que la constancia de disentimiento de los magistrados Manuel Ventura Robles y Eduardo Vio Grossi es correcta desde el punto de vista jurídico. No es posible mantener una investidura en el ámbito jurisdiccional internacional después de presentarse para un cargo político en la OEA y semejante muestra de parcialidad con el poder solo puede zanjarse con la renuncia al puesto, tal y como sucedió en el caso del juez Carlos Roberto Reina cuando decidió correr como candidato a la Presidencia de Honduras.

Ahora bien, la imparcialidad es un concepto esquivo, oscuro, ajeno a la idiosincrasia y al modus operandi de nuestra progresía, acostumbrada como está a la subvención perpetua que llega del extranjero. Siendo así, a menos que los auténticos imparciales los descubran (esto es, los jueces con verdadera autoridad), los falsos profetas de la independencia continuarán conspirando para vivir del erario público, sin asomo de remordimiento, sin ruborizarse ni una pizca ante el ejercicio de semejante acto de doble moral.

El ejercicio de la justicia exige un nivel de certeza, un cierto nivel de imparcialidad. ¿Cómo un personaje que acaba de presentarse como candidato a un cargo político puede aspirar a dirimir entre aquellos que estaban encargados de elegirlo? ¡El juez quiere juzgar a los que iban a juzgarlo! Este tipo de contradicciones atentan contra la majestad de la judicatura y menoscaban la propia esencia de la función jurisdiccional. El Perú no puede apoyar conductas bipolares que tienen como alfa y omega el hambre por el poder. La potestad, el poder, para los políticos. Y a los jueces, a los verdaderos jueces, más independencia, que es la característica de los juristas de verdad.

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