Published On: Sáb, Ago 30th, 2014

Juez y parte

martinCualquier jurista de bien, cualquier abogado que ha profesado el Derecho, tendría que sentirse sumamente preocupado por la candidatura del señor Diego García Sayán promovida por nuestro gobierno. Un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que presume de imparcialidad y objetividad, no puede pedir permiso para presentarse como secretario general de un órgano ejecutivo cuyas acciones repercuten directamente en la comunidad americana. Los jueces no deben inmiscuirse en el juego político. La auctoritas jamás, bajo ningún supuesto, debe ser canjeada por la potestas. La autoridad del juez existe para controlar al poder público. Un jurista auténtico nunca renuncia a la primogenitura de la autoridad por el plato de lentejas de la potestad.

El cálculo político, siempre personal y subjetivo, repugna especialmente al jurista, al hombre que ha profesado el Derecho, porque elimina la idea de equilibrio sobre la que se construye la función judicial. Gane o pierde, sea o no candidato, el señor García Sayán tendría que dejar definitivamente su puesto como juez en la Corte, porque al someterse a un proceso político, ha contaminado su independencia ante las partes, que ahora se ven en la encrucijada de votar o no por alguien que si no gana, regresará a su cómodo sillón a juzgarlos, después de haber sido juzgado por ellos.

Por eso, para evitar un papelón internacional, el Gobierno debe recapacitar y no avalar la ambición de un político que quiere ser juez, candidato y parte. Esto no fortalece la posición internacional del país. Muy por el contrario, nos debilita hasta el extremo. Revisen, amantes de los derechos humanos, el artículo 71 de la Convención Americana sobre DD.HH. O juez o candidato. La independencia no puede ceder a la ambición.

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