Published On: jue, Dic 28th, 2017

Editorial: Kuczynski, el “Presidente de lujo”, que indultó al genocida Alberto Fujimori

(Paul Monzón).-Un regalo envenenado recibió Perú el día de Navidad. Y no lo trajo el mítico “Papá Noel”, sino el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Sí, ese mismo personaje que unos días antes estuvo a punto de ser echado del gobierno por una mayoría de congresistas, pero que sospechosamente sólo unos días después lo mantuvieron en el poder.

¿El motivo? Lo acusaban de incapacidad moral por faltar a la verdad y estar vinculado a actos de corrupción y por haber recibido dinero por parte de la constructora brasileña Odebrecht para financiar alguna de sus campañas presidenciales.

¿Pero qué había pasado en ese corto tiempo para que PPK no fuera defenestrado del gobierno?. Esta fue la pregunta que se hicieron la mayoría de peruanos que veían echada la suerte del presunto corrupto mandatario andino. La respuesta llegó precisamente el día de Navidad y cayó como un jarro de agua fría en la población.

Kuczynski había indultado -pese a haber afirmado en innumerables ocasiones que no lo haría- al ex presidente, dictador y genocida Alberto Fujimori Fujimori alegando motivos humanitarios

La noticia enardeció a una gran parte del país (la otra, sus partidarios, lo están celebrando hasta ahora).

FUJIMORI, EL REO

El ex presidente y dictador del Perú  (1990-2000) es hijo de inmigrantes japoneses. El año 2000 aprovechando un viaje oficial al exterior renunció vía fax tras hacerse públicos los tristemente famosos vídeos conocidos como “Vladivídeos” (en “honor” a su siniestro asesor Vladimiro Montesinos) en los que se visionaba cómo el hombre fuerte de Fujimori “compraba” con dinero público voluntades y apoyos a su gobierno.  A finales del 2005 fue detenido en Chile y posteriormente extraditado a Perú. Cuatro años después un tribunal especial de la Suprema Corte de Justicia lo condenó a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.

SENDERO LUMINOSO, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Por todos es sabido que durante su gobierno la lucha contra los terroristas-maoistas de Sendero Luminoso fue sangrienta. Fue una guerra sin cuartel en la cual no dudó en apelar a la guerra sucia para reprimir a sus opositores ya sean políticos, periodistas, etc.

A su mano fuerte se le atribuye la derrota de los terroristas de Sendero Luminoso que desestabilizaron al país, y sus austeras políticas económicas que frenaron la hiperinflación.

 

Esto incluye “su rol en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el distrito de Barrios Altos de Lima, la desaparición forzada y el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y dos secuestros.”, según relató Human Rights Watch en julio pasado.

Esto quedó evidenciado en un  informe de la Comisión Investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori, publicado en el año 2002. En ese documento, el Congreso de Perú concluyó que hubo “indicios razonables” para establecer que durante su mandato el presidente “tuvo conocimiento, ordeno, dispuso y/o consintió las actividades delictivas del denominado ‘Grupo Colina’”, cuyos integrantes fueron autores de los hechos mencionados.

Otros casos

En diferentes juicios, Fujimori fue hallado culpable de irrumpir en la casa de un exespía para robar videos incriminatorios, tomar dinero del tesoro del gobierno para pagar al jefe de espionaje y autorizar escuchas telefónicas ilegales y sobornar a congresistas y periodistas.

En 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado por los llamados ‘diarios Chicha’. La justicia peruana lo acusó por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para comprar la línea editorial de las publicaciones en favor de la reelección.

El informe del Congreso de 2002 ya había dicho que durante el gobierno de Fujimori “sí hubo una política pagada con fondos del Estado” para usar a los medios de comunicación como instrumento político para demoler moralmente a los opositores.

Su prontuario no termina ahí: la Corte Suprema de Chile decidió ampliar los cargos en la extradición de Fujimori, lo que implicaba en ese entonces nuevos juicios por lesa humanidad y asociación ilícita.

Y en 2017, Fujimori se salvó de un nuevo juicio por la esterilización a miles de mujeres durante su gobierno.

Grupos defensores de derechos humanos alegan que la esterilización se le practicó forzosamente a más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Fujimori, en un intento de reducir la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad.

Sin embargo, el fiscal Marco Guzmán concluyó en 2014 que el gobierno de Fujimori no cometió crímenes contra la humanidad durante esa campaña de natalidad a la que se sometieron voluntariamente 300.000 mujeres.

 

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